Presidencia por consenso

Los escándalos recientes ocurridos en el Instituto Nacional Electoral lastiman gravemente su credibilidad y legitimidad como autoridad responsable de la organización de los procesos electorales federales y su carácter de organismo coordinador en la preparación de los comicios locales, más aún porque los hechos denunciados generan la apariencia de actos de corrupción que involucran directamente a la exconsejera presidenta de la institución, cuya salida no puede asumirse como punto final del desastre, sino como punto de partida para avanzar en las investigaciones y establecer las sanciones que correspondan en el marco del debido proceso. La recuperación institucional será lenta y tortuosa, sobre todo, porque estamos en pleno desarrollo de los procesos concurrentes que el próximo año permitirán la renovación de más de 20 mil cargos públicos. Sanear la imagen y recuperar la confianza exige acciones inmediatas de las consejerías en funciones y de las diputaciones en la designación de la persona que ocupará la presidencia del INE por un periodo de cinco años y medio, tiempo que restaba a la presidenta saliente. Internamente, las 10 consejerías en funciones que lograron un acuerdo de consenso para que Blanca Cruz ocupe, provisional y temporalmente, la presidencia deben concentrar esfuerzos en la recuperación inmediata de la colegialidad deshaciendo los entuertos que Guadalupe Taddei tejió para concentrar todas las decisiones, por minúsculas que fueran, administrativas o políticas, en su presidencia. No basta con el hecho de que declaren su mejor disposición para hacerlo; es necesario que implementen mecanismos visibles que lo demuestren y que no permitan regresar a la misma situación cuando llegue la nueva presidencia. Si el trabajo colectivo no se recupera, si la colegialidad no se restaura, el INE continuará su caída hacia el precipicio. Otro punto está en la demostrada colonización que Morena hizo con personas afines y militantes claramente detectados, que ocupan posiciones clave en la estructura administrativa del INE. Algunas ya fueron separadas; faltan otras que están sujetas a revisión de las consejerías. Es urgente, también, resolver la problemática interna de acoso laboral y de la violación de derechos del personal del INE, que fue denunciada en casos extremos, pero que fue negada por la anterior administración. No podemos aceptar un INE colonizado por un partido ni una institución ciudadana que viola los derechos de sus trabajadores. La designación de la nueva presidencia del INE exige que la coalición gobernante asuma la responsabilidad del daño que generó la simulación de procedimientos amañados; se necesita un comité de selección integrado por personas de probada imparcialidad, sin filias ni fobias partidarias, de exámenes que no se filtren ni entrevistas ni tómbolas a modo. Se trata de que la designación sea por consenso entre todas las fuerzas políticas, que la persona que se designe tenga un prestigio personal que cuidar, que goce de amplio reconocimiento social y que tenga una demostrada convicción democrática. Morena impuso a Guadalupe Taddei en su afán autocrático de destruir frenos y contrapesos que le incomoden; le dio poderes ilegales para designar a su libre albedrío a los titulares de las áreas ejecutivas del INE, colonizó a la institución y destruyó su colegialidad. La responsabilidad del desastre es de Morena, por más que busque evadir la responsabilidad culpando al pasado. Ni partidos opositores ni ciudadanía podemos permitir que el oficialismo imponga a otra persona cercana.