¿Qué falta para que México crezca más?

México tiene una ventaja que muchas economías envidiarían: comparte frontera con Estados Unidos, mantiene una profunda integración comercial con la mayor economía del mundo y cuenta con una plataforma manufacturera capaz de participar en las cadenas globales de producción. Sin embargo, esas fortalezas no han logrado verse traducidas en un crecimiento significativo de la economía. El desempeño reciente confirma la dimensión del reto. En 2025, la economía mexicana creció apenas 0.5%, con cifras originales. En 2026, la actividad ha mostrado señales de recuperación, aunque todavía con diferencias importantes entre sectores. De acuerdo con el INEGI, el IGAE acumuló un crecimiento de 1.7% anual entre enero y agosto. No obstante, la producción manufacturera acumuló una caída de 0.3% durante los primeros ocho meses del año. La mejoría de los resultados del tercer trimestre comienza a reflejarse en revisiones al alza de las expectativas, ya que las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se están ajustando hacia un intervalo de entre 1.7% y 2.0%. Aunque este escenario sería más favorable que el observado en 2025, todavía no implica que México haya resuelto sus obstáculos estructurales ni que pueda sostener tasas de expansión más elevadas en los siguientes años. Una de las principales limitantes es la baja productividad. México puede aumentar sus exportaciones y atraer nuevas inversiones, pero si la producción no incorpora más tecnología, mejores procesos y mayor valor agregado nacional, el impacto sobre el crecimiento será limitado. La integración comercial, por sí sola, no garantiza una transformación productiva, pues sus beneficios dependen de la capacidad de las empresas mexicanas para incorporarse a las cadenas de suministro, desarrollar proveedores y generar empleos de mayor productividad. El primer requisito para avanzar es fortalecer la certidumbre para la inversión. La revisión del T-MEC representa una oportunidad para preservar la integración productiva de América del Norte, pero también introduce interrogantes sobre las reglas comerciales, las condiciones de acceso al mercado estadounidense y la evolución de las cadenas de suministro. A estas dudas se suman los retos internos relacionados con la regulación, la seguridad y la certeza jurídica. Las empresas necesitan condiciones previsibles para comprometer capital a largo plazo. La relocalización de operaciones puede beneficiar a México, pero no es automática, ya que las inversiones se dirigen a los lugares donde existen condiciones competitivas y los riesgos pueden evaluarse con mayor claridad. El segundo elemento es la infraestructura. La disponibilidad de energía suficiente y competitiva, el acceso al agua, la conectividad carretera y ferroviaria, así como la eficiencia de los puertos y las aduanas, son determinantes para la capacidad productiva del país. Si estos factores se convierten en cuellos de botella, las ventajas geográficas y comerciales pierden fuerza. Por ello, es necesario elevar la calidad de la inversión pública y establecer mecanismos que permitan complementar los recursos presupuestarios con inversión privada, bajo reglas claras y proyectos con viabilidad económica. El tercer desafío consiste en ampliar los beneficios de la integración comercial hacia el mercado interno. Para ello, se requiere que más pequeñas y medianas empresas puedan convertirse en proveedoras de las grandes compañías exportadoras. Esto implica facilitar el acceso al financiamiento, la adopción tecnológica, la capacitación y las certificaciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales. Una mayor participación de empresas nacionales permitiría incrementar el contenido local de las exportaciones y fortalecer los vínculos entre el sector exportador y el resto de la economía. También es indispensable atender la informalidad y las brechas de capital humano. Una proporción importante de trabajadores y unidades económicas opera al margen de la formalidad, lo que limita el acceso al crédito, la inversión en tecnología y la posibilidad de elevar la productividad. Simplificar los trámites, reducir los costos de formalización y mejorar la capacitación laboral ayudaría a ampliar la base de empresas capaces de crecer y competir. Finalmente, la seguridad y el Estado de derecho son condiciones económicas, no solamente institucionales. La extorsión, los costos asociados a la inseguridad y la incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos afectan las decisiones de inversión, elevan los costos operativos y dificultan el crecimiento de las empresas. El desafío no es identificar las oportunidades, sino crear las condiciones para aprovecharlas.