Tormenta perfecta: decidir mientras aún se pueda

En “La tormenta perfecta” (2000), un barco pesquero se aventura en el Atlántico Norte y queda atrapado en medio de la convergencia de varios fenómenos meteorológicos extremos. A medida que empeoran las condiciones, la tripulación va desperdiciando alternativas para regresar a puerto hasta que, finalmente, pierde toda capacidad de decisión y, trágicamente, pasan a ser las condiciones externas las que deciden por ellos. Tal como en esta película, las finanzas públicas en Chile han ido avanzando, año a año, directo hacia una situación donde las decisiones sobre la política social se tomarán solas. Un botón de muestra de lo ya avanzado en este camino es la autorización de la deuda pública por US$25.000 millones en la Ley de Presupuestos del 2027, muy superior a los casi US$16.000 millones solicitados entre 2023 y 2025, y a los US$8.000 millones entre 2017 y 2020. Esta sorprendente necesidad de financiamiento tiene como uso prioritario (más del 70%) renovar deuda que será amortizada en 2027. Lo peor es que esta elevada necesidad de financiamiento se mantendrá al menos hasta 2030 ya que cerca del 40% del stock de deuda pública se refinanciará en este período. ¡Y el peso de los intereses seguirá aumentando aún bajo deuda controlada!: el gasto rígido en intereses ya pasó de 2,1% del gasto total en 2009 a más de 5% en 2026 (US$4.500 millones) y al 2030 superaría el 7% (US$8.500 millones) del gasto, quemando cada vez una mayor proporción del presupuesto, reduciendo el espacio de gasto para otras necesidades. En contexto, esto implica que anualmente botamos un equivalente a 1,6 veces el costo anual de la PGU o más de 3 veces el gasto anual para financiar la gratuidad de la educación superior. Un presupuesto con un crecimiento moderado del gasto público no debe interpretarse como una renuncia al bienestar social, sino que en el uso del escaso margen para justamente protegerlo. La oportunidad de actuar anticipadamente tiene, además, una ventaja distributiva. Permite revisar gastos ineficientes, mejorar la asignación de recursos y ordenar las prioridades antes de que las restricciones financieras impongan recortes abruptos. También preserva la capacidad de respuesta ante futuras recesiones o emergencias. No se trata de reducir indiscriminadamente el gasto social, sino de evitar que el pago de intereses termine desplazándolo. ¿Y qué hay de la tormenta perfecta? Si no cambia el rumbo, financiando más gasto corriente con deuda, el gasto rígido en intereses seguirá consumiendo una mayor proporción del presupuesto, liquidando las opciones de adoptar la política social deseada, cortando los gastos más importantes para generar los ahorros requeridos. La experiencia internacional nos advierte que retrasar la consolidación fiscal aumenta las vulnerabilidades y puede exigir un esfuerzo mayor posteriormente. El verdadero costo de un presupuesto no está solo en lo que deja de gastar hoy, sino también en las prioridades que podría verse obligado a abandonar mañana. Por Macarena García , economista senior de Libertad y Desarrollo