Productos Ramo S.A.S. presentó una denuncia por presunta injuria agravada y calumnia agravada ante la Fiscalía General de la Nación contra cuatro personas identificadas por la compañía como integrantes de la organización Sinergia Animal, después de los señalamientos sobre el trato a gallinas ponedoras en una granja proveedora ubicada en Cachipay, Cundinamarca. La acción judicial está dirigida contra Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal en Colombia, así como a Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen. La empresa también solicitó que las autoridades investiguen a Brian Daniel Quiroz Murillo por el presunto delito de constreñimiento ilegal. El equipo del abogado Jaime Granados asumió la representación jurídica de Ramo en este proceso. La compañía indicó que acudió a la Fiscalía tras una campaña en la que se difundieron denuncias sobre presuntas condiciones de hacinamiento y maltrato de aves en una granja que le provee productos. “La acción solicita investigar a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal para Colombia; Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen por los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Asimismo, solicita investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo por presunto constreñimiento ilegal. La representación jurídica de estas acciones está liderada por el equipo del abogado Jaime Granados”, señaló la empresa. La controversia surgió meses atrás, cuando Sinergia Animal cuestionó el uso de jaulas en batería para gallinas ponedoras en el establecimiento de Cachipay. Ramo sostuvo que esas publicaciones la vincularon con prácticas de maltrato animal y que afectaron su reputación. La compañía afirmó que entregó a las autoridades documentos relacionados con el funcionamiento de la granja. Entre los elementos incluidos en la denuncia figuran certificaciones e inspecciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad y bienestar animal. Según Ramo, el material remitido busca respaldar su posición frente a los cuestionamientos difundidos durante la campaña. La empresa no detalló el contenido de las certificaciones ni precisó las fechas de las inspecciones que mencionó en su comunicado. La compañía pidió investigar comunicaciones sobre posibles campañas En relación con el presunto constreñimiento ilegal, Ramo señaló que solicitó investigar comunicaciones dirigidas a la empresa. De acuerdo con su versión, en esos mensajes se habrían anunciado campañas que podrían perjudicar su imagen comercial , su reputación y sus ingresos si no modificaba algunas de sus políticas corporativas. “Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre ”, manifestó la compañía. La empresa agregó que la decisión de presentar las acciones judiciales busca que las autoridades determinen si existieron conductas que puedan constituir delitos. “Por eso acudimos a las autoridades y serán ellas, con todas las garantías del debido proceso, las encargadas de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, señaló. Ramo informó, además, que ya se realizó una primera reunión ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes. Según la compañía, ese encuentro terminó sin un entendimiento. Tras ese resultado, la empresa afirmó que continuará con los recursos legales que considere pertinentes. “Ramo continuará haciendo uso de los mecanismos legales correspondientes para la defensa de sus derechos y el de sus colaboradores, al igual que el esclarecimiento de los hechos”, indicó. La Fiscalía deberá definir si abre una investigación por los hechos expuestos en las denuncias y si adelanta actuaciones frente a las personas mencionadas por la empresa. “Se realizó la primera reunión ante la Fiscalía General de la Nación para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, pero no fue posible lograrlo. En consecuencia, Ramo continuará haciendo uso de los mecanismos legales correspondientes para la defensa de sus derechos y el de sus colaboradores, al igual que el esclarecimiento de los hechos”, aseveró la empresa.

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