La otra cara del “predialazo”

“Papelito habla”, dice la expresión popular mexicana sobre la importancia de respaldar los actos con documentos. El problema es cuando los “papelitos” no coinciden entre sí. En nuestro país hemos normalizado que los asuntos inmobiliarios manejen al mismo tiempo valores distintos: el comercial, el catastral y el pactado. De igual forma, hemos aceptado que el mismo inmueble pueda estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, descrito de otra manera en el catastro y registrado con información distinta ante otras autoridades. Así, cuando las diferencias son inexplicables y los registros públicos no dialogan, esa normalidad revela un problema patrimonial mayor: falta de certeza sobre qué tenemos, cuánto vale y cuáles son sus condiciones jurídicas. En 1999, una reforma constitucional ordenó que, antes de 2002, los valores unitarios del suelo y de las construcciones utilizados para calcular las contribuciones inmobiliarias fueran equiparables a los valores de mercado. Sin embargo, han pasado casi 27 años y persisten catastros y registros fragmentados, desactualizados y difíciles de comunicar entre sí. A esta problemática responde la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada hace unos días. En ella se establece la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral para conectar la descripción física de cada predio con sus antecedentes registrales. Una clave, por sí sola, no corrige avalúos ni fija impuestos. El predialazo automático no está en la ley, aunque será más fácil detectar lo que hoy no se declara. Hasta ahora, conocer todas las propiedades que una persona tiene en México implica recorrer los registros públicos de distintas entidades federativas. No existe una ventanilla nacional que garantice una consulta completa de su patrimonio inmobiliario. La nueva ley pretende conectarlos. Por eso, el cambio más profundo de la ley no es sobre el predial, tampoco es sobre el orden digital de archivos. El punto central, me parece, es la capacidad de información del Estado; y con ella, su potencial de control y de poder. Mediante la interoperabilidad de dos plataformas a cargo de la Agencia de Transformación Digital, los catastros municipales y los registros públicos de la propiedad podrán intercambiar información que hoy permanece dispersa. Las autoridades locales conservan sus atribuciones; lo que se concentra es la infraestructura que permitirá relacionar las características físicas de cada inmueble con sus antecedentes jurídicos e identificar inconsistencias. No significa que exista desde ahora un padrón nacional de propietarios, pero sí que el Estado contará con herramientas para conocer de manera más integrada el patrimonio inmobiliario del país. Una interoperabilidad efectiva, además de ayudar a las autoridades territoriales a identificar usos de suelo, construcciones y características de los predios, podría resultar muy útil para otros fines estatales. A manera de ejemplo, con estas plataformas, las autoridades fiscales podrían contrastar información inmobiliaria dentro de sus facultades de comprobación; las fiscalías podrían localizar bienes en investigaciones patrimoniales, mediante los procedimientos legales correspondientes; o las autoridades anticorrupción podrían verificar información relacionada con declaraciones patrimoniales, cuando exista fundamento legal. Con esto no estoy diciendo que la ley ya permita dichos accesos, pero tener la información concentrada y ordenada abre oportunidades de poder y de control estatal que son propios de su función. La ley no crea nuevas facultades o poderes para el Estado, pero puede transformar profundamente su capacidad para ejercerlas. Más allá de alarmarnos sobre un supuesto predialazo, nuestro punto de encuentro es un Estado que conozca mejor el patrimonio inmobiliario para cumplir sus funciones, pero que ejerza ese poder respetando la privacidad, la legalidad y los derechos de las personas.