Adiós al cash

¿Está México listo para dejar el efectivo? Recientemente, se aprobó la Ley de Economía Digital, la cual busca impulsar el uso de herramientas electrónicas para realizar pagos, a la vez que otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de decidir cuáles son las actividades económicas que deberán ceñirse a esta medida. Identifico como desafíos para su implementación las desigualdades en el acceso a los servicios financieros, la seguridad de los sistemas electrónicos y la amplitud de las facultades que tendrá Hacienda para determinar dónde dejará de aceptarse efectivo. Para dimensionar las dificultades futuras basta con observar nuestros hábitos de pago. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 85.2% de la población utiliza principalmente efectivo para compras de hasta 500 pesos. Incluso en operaciones superiores a esa cantidad, el porcentaje alcanza el 73.5%. Más aún, millones de personas todavía carecen de acceso a los servicios financieros necesarios para realizar pagos digitales. En México, apenas el 63% de la población de entre 18 y 70 años cuenta con una cuenta de ahorro formal y únicamente el 15.7% tiene una tarjeta de crédito. Para muchos consumidores, la transición dependerá de su acceso a servicios bancarios y herramientas electrónicas. Por su parte, las empresas, especialmente los pequeños negocios, deberán asumir sus propios costos de adaptación. La seguridad de los sistemas electrónicos representa otro desafío. La expansión de los pagos digitales incrementa la exposición a ciberataques e interrupciones operativas, según el informe The Future of Payments and Cross-Border Finance, publicado por Bank & Finance Consulting Group en 2025. Coincide que en junio de este año el Banco de México advirtió sobre la actividad de grupos cibercriminales y los riesgos de ataques informáticos para el sector financiero. De cara a este escenario, la transición del efectivo requerirá de infraestructuras capaces de brindar monitoreo constante y contar con protocolos anti-ataque. A los retos de accesibilidad y seguridad tecnológica se suma la incertidumbre sobre cómo Hacienda determinará los sectores económicos que deberán abandonar el efectivo. Aunque la ley le otorga esta facultad, todavía desconocemos los criterios que utilizará para seleccionar las actividades sujetas a esta obligación. La decisión tendrá consecuencias directas para empresas y consumidores, por lo que resulta indispensable que cada determinación esté debidamente justificada y considere las condiciones particulares de cada sector. A pesar de estos desafíos, la nueva ley persigue objetivos más que deseables. Busca ampliar la inclusión financiera, reducir los costos asociados con el manejo de efectivo, agilizar las transacciones comerciales y aumentar la trazabilidad de las operaciones económicas. Con ello, el Gobierno pretende facilitar la fiscalización y dificultar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. De momento, serán las gasolineras y las casetas de peaje los primeros establecimientos que deberán acatar la medida, aunque no los últimos, ya que la ley permite extender progresivamente la obligación a otros sectores de la economía. Esta posibilidad de expansión exige tomar en serio las condiciones necesarias para implementar la reforma. Las autoridades deberán garantizar infraestructura suficiente, sistemas de pago seguros y una transición gradual que considere las diferencias entre sectores y regiones. De lo contrario, la digitalización podría profundizar las desigualdades existentes y convertir el acceso a herramientas financieras en una barrera para usar nuestro propio dinero.