Rebaja de condenas salpica a las cortes: ingresan denuncia por prevaricación contra altos ministros del Poder Judicial

El abogado Raimundo Palamara -de la Fundación Fuerza Ciudadana- junto al abogado Maximiliano Murath -del Partido Nacional Libertario- ingresaron a la Fiscalía Nacional una denuncia a propósito de las rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. La arremetida de Palamara y Murath viene a sumar antecedentes a la denuncia que previamente habían hecho los parlamentarios de la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de Justicia Luis Silva . En esa acción los diputados de izquierda pidieron al Ministerio Público que indague el eventual ilícito de prevaricación administrativa. Esa denuncia, según informó la semana pasada el fiscal nacional, Ángel Valencia , quedó asignada a la Fiscalía Regional Centro Norte, que dirige el persecutor Francisco Jacir . Esta nueva denuncia, sin embargo, no apunta hacia el Ejecutivo, sino que pone en la mira a los ministros de cortes de apelaciones y Corte Suprema que, de forma reiterada, fallaron que no se podía excluir a los condenados por delitos sexuales contra menores de este beneficio penitenciario -cuyos casos se cerraron antes de 2022- por aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal. Esta jurisprudencia, sostenida en casi 300 fallos, fue la que usó Rabat para cambiar el criterio. “No puede haber rigor penal para unos y un manto de impunidad para otros. Si el Ministerio Público estima que existen antecedentes suficientes para investigar por prevaricación a Fernando Rabat, a raíz de la aplicación de un determinado criterio interpretativo de una ley cuya redacción es deficiente, resulta igualmente exigible que se investigue a quienes, desde los tribunales superiores de justicia, sostuvieron ese mismo criterio en sus sentencias ”, explica Palamara. En el texto de la denuncia, por ejemplo, se expone que lo que se pide es determinar “si alguno de los integrantes que concurrió a una decisión favorable a la reducción de condena dejó conscientemente de aplicar una prohibición legal que, atendidas las circunstancias de ese expediente, era expresa, vigente y aplicable, o si resolvió dentro de una interpretación jurídicamente defendible de las garantías de legalidad e irretroactividad penal”. El mismo texto luego añade que “si existe seriedad para seguir adelante una investigación penal en contra de Rabat y Silva, en base al mismo supuesto fáctico -razones de hecho-, han de existir los mismos elementos para investigar penalmente a quienes sentaron la jurisprudencia utilizada por el Ministro Rabat y el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva”. A juicio de Palamara, el objetivo de la denuncia apunta a que “si una misma interpretación jurídica amerita una investigación penal, no resulta admisible que su aplicación por otros órganos del Estado quede excluida de la investigación sin una justificación fundada”. “ Para nosotros el gran responsable de este sistema de liberación de pedófilos, violadores y abusadores sexuales, es la doctrina que han tenido varios ministros de la Corte Suprema en los últimos cuatro años . Creemos indispensable investigar a fondo si estos ministros de la Corte Suprema han cometido prevaricación y han actuado en contra de la ley y la Constitución”, agrega Murath. El abogado y militante del Partido Nacional Libertario añade: “ No hubiese pasada nada de lo que hizo Rabat si estos ministros de la Corte Suprema no hubiesen instalado esta doctrina ”. En la denuncia se adjuntan más de 10 fallos, de la Suprema y de cortes de apelaciones, donde se sostiene la jurisprudencia de la irretroactividad de la ley penal para los condenados antes de 2022. “En los cinco fallos de 14 de abril de 2026 precedentemente identificados, la mayoría favorable estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos , Jorge Zepeda y el abogado integrante Eduardo Gandulfo . Esta referencia individualiza votos relevantes para la investigación y no constituye una afirmación de culpabilidad. La participación completa de los integrantes de las Cortes de Apelaciones deberá acreditarse mediante los expedientes y sus registros de firma”, se lee en la denuncia.