Un procedimiento impecable

Como el gobierno ha tratado por todos los medios de oscurecer los hechos, partamos por ahí: por aclarar los hechos. Y estos son los hechos. Los presos tienen derecho a pedir una rebaja de penas por buena conducta, en un proceso que pasa por un informe de Gendarmería, la evaluación de una comisión y la firma del ministro de Justicia. El gobierno de Piñera se negó a concederlos a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En 2022, una ley institucionalizó esa excepción, y el gobierno anterior los negó cada vez que fueron solicitados. Algunos de los condenados recurrieron a la justicia, alegando que la ley no podía aplicarse a sentencias previas a 2022. En la mayoría de los casos, pero no en todos, los tribunales les dieron la razón y ordenaron entregarles el beneficio. Pero, en mayo de 2026, el nuevo ministro de Justicia, Fernando Rabat, cambió el criterio, y decidió conceder, sin orden judicial, 56 rebajas de penas a criminales sexuales. Algunas de sus historias se han conocido en los últimos días: entre los beneficiados por la “doctrina Rabat” están un médico que abusó de al menos cuatro pacientes; un hombre que atacó a una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual; y otro que violó a un niño de 10 años. Según admitió el ministro, “la gran mayoría” de ellos ya salió a la calle. Hasta ahí los hechos. Los porfiados, los indiscutibles hechos. A continuación, el encubrimiento. El martes, el medio Interferencia destapó la noticia. El nuevo portavoz, Gonzalo Arenas, quemó sus naves en su primera vocería, asegurando que “el procedimiento fue impecable” y que cualquier crítica es “malintencionada”. El gobierno distribuyó minutas igualando, falsamente, los 56 decretos de Rabat con los fallos de la Suprema durante el gobierno anterior. Engañados por su propio gobierno, parlamentarios, presidentes de partidos, minuteros y medios de comunicación afines contraatacaron: todo el revuelo era “hipocresía” y “fake news”. El miércoles, el ministro Rabat argumentó que él se había limitado a acatar una doctrina de la Corte Suprema, y que su firma solo “cumple sus sentencias”. Hablando como si fuera el abogado de los reos, el ministro de Justicia aseguró que “existe un principio constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado”. Esa doctrina, aseguró, “la estableció la Corte Suprema”. Tampoco era cierto: en al menos diez casos, varios de 2026, la corte había negado la reducción de penas. El jueves, tras una jornada del Pleno en que estuvo presente el ministro, la presidenta de la Suprema negó que hubiera una doctrina y aclaró que “cada caso se analiza de manera individual”. “Fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos”, enfatizó. Un metro más atrás, lo suficientemente cerca como para quedar en el mismo plano para las cámaras de televisión, escuchaba Rabat. A esas alturas, la versión oficial ya era insostenible. Pero La Moneda insistía. El vocero terminó de hacerse el harakiri al asegurar que “el gobierno no puede sino aplicar la ley” y que “esto es un derecho” que “no puede ser negado” a los delincuentes. En un gesto histriónico, Arenas mostró decretos firmados por el exministro Gajardo y el actual ministro Rabat, sosteniendo en el aire uno con cada mano, y asegurando que eran iguales. No era cierto: en el primero, se cumplía un fallo de tribunales; en el segundo, se entregaba, sin orden judicial, la libertad. Esa noche, el ministro de Justicia fue a Mega, y aseguró que estaba obligado a firmar los decretos, porque juró cumplir la Constitución y “esa es la forma como la Constitución y la ley regulan esa materia”. A primera hora de la mañana siguiente, convocó a la prensa para anunciar que suspendía la firma de nuevas rebajas de pena. Literalmente de la noche a la mañana, Rabat pasó de aseverar que estaba obligado por la Constitución a firmar los decretos, a anunciar que ya no los firmaría más. En el oficialismo cundió la indignación. Entendiendo que habían sido engañados por su propio gobierno, parlamentarios y exautoridades se desmarcaron de la versión oficial. Cuando el exministro de Justicia de Piñera, Hernán Larraín, aclaró que el beneficio no debía regir para los condenados por abusos, el presidente del Partido Republicano le enrostró públicamente su apoyo a Colonia Dignidad, y el presidente de la UDI acusó declaraciones “injuriosas e inaceptables” de su colega. “It’s not the crime, it’s the cover-up”. La célebre máxima del caso Watergate aplica aquí a la perfección. El torpe encubrimiento de La Moneda convirtió a la “doctrina Rabat” en un escándalo sin bordes. Cuando estalló la bomba, esta era una crisis grave, pero acotada. El gobierno pudo reconocer el error, ofrecer disculpas a la ciudadanía, empatizar con la indignación de las víctimas, y cobrar la responsabilidad política con la salida del ministro. En cambio, se embarcó en un espiral de mentiras y justificaciones que convirtieron una crisis acotada en un desastre político que atrapa a toda la administración, justo cuando debutaba su nuevo vocero. Quedó claro que, con o sin portavoz, el modus operandi de los gurúes del Segundo Piso sigue intacto: negar hasta el final la evidencia; confiar en que basta con culpar de cualquier cosa al gobierno anterior; ocultar información a los propios partidarios; y flotar a la deriva, sin conducción estratégica, en medio de un mar enrarecido. Todo esto, aderezado con un presidente ausente, que parece pasmado ante el colapso de un modelo de gobierno disfuncional. Y a una abismal falta de empatía hacia los afectados por las decisiones gubernamentales. Una carencia que ya se vio en el bencinazo, los recortes sociales, la eliminación de Elijo mi PC y la caída del fondo E, pero que ahora impacta especialmente al tratarse de víctimas de delitos sexuales, que se enteran de que el gobierno, en decretos que llevan la fórmula “por orden del Presidente de la República”, sacó a sus victimarios a la calle. Son ellos los que merecen disculpas públicas, explicaciones claras y el cobro de las responsabilidades políticas. Unas que, hasta el martes, estaban circunscritas al Ministerio de Justicia. Pero que en los días siguientes, con esta operación de encubrimiento de pacotilla, se extienden ya al nuevo vocero, a un gabinete en estado terminal, y al centro del poder de La Moneda: un Segundo Piso que ha hecho de la negación y el doblez su tic a la hora de enfrentar cualquier crisis. Tanto como para asegurar, con la mejor cara de póker, que la aberrante “doctrina Rabat” es, en verdad, “un procedimiento impecable”.