Polémica por helicópteros Mi-17: Fiscalía imputó a inspector de la Aerocivil por presuntas irregularidades en contrato de USD34 millones

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la certificación técnica de una empresa vinculada al contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Dirección Especializada Contra la Corrupción le atribuyó a Brenez Vanegas los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, cargos que el funcionario no aceptó durante la diligencia. De acuerdo con el expediente presentado en audiencia, dos informes técnicos emitidos el mismo día arrojaron conclusiones contradictorias respecto a la capacidad operativa de la compañía técnica asociada a la ejecución del contrato por un valor de USD32 millones (más de $104.034 millones, al cambio actual). Las pruebas recolectadas señalan que el procesado se trasladó a Estados Unidos para realizar verificaciones en el marco de la renovación de licencias operativas de la firma interesada. Las 19 inconformidades que no impidieron el aval de Aerocivil “Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, el funcionario viajó a Florida (Estados Unidos) para adelantar una inspección dentro del trámite administrativo de renovación del certificado de funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de una compañía que participaba en el proceso de adjudicación del mencionado contrato”, precisó la fiscal. Durante la imputación, el ente acusador reveló que el inspector avaló las capacidades técnicas pese a que existían observaciones pendientes de solución en el proceso de inspección: “Señor Juan Brenez observa el cronograma y, con la existencia de las 19 inconformidades a las que la Organización de Mantenimiento Aeronáutico aún no había presentado el correspondiente PAC y que no se habían verificado ni aceptado las acciones correctivas derivadas de los hallazgos”. “Juan Enrique Brenez Vanegas, ese mismo 20 de noviembre de 2024, suscribió la lista de capacidades OMA 1-78, revisión número 2, mediante la cual avaló la incorporación de nuevas capacidades de mantenimiento, incluyendo actividades de mantenimiento mayor o general o el overhaul ”, detalló el fiscal. El ente judicial argumentó que ese trámite conllevó un engaño administrativo a la propia autoridad aeronáutica para facilitar la entrega de las licencias: “El señor Juan Enrique Brenez Vanegas solicitó ante la Dirección de Autoridad de los Servicios Aéreos la expedición del correspondiente certificado de funcionamiento, como si el procedimiento de constatación y subsanación de no conformidades hubiese culminado satisfactoriamente y como si los requisitos regulatorios exigidos para la ampliación de capacidades hubieran sido cumplidos integralmente por la organización inspeccionada”. “Procedió a expedir el 26 de noviembre de 2024 el certificado de funcionamiento OMA uno sesenta y ocho, mediante el cual autorizó la renovación y adición de las nuevas capacidades solicitadas”, aseguró la Fiscalía. De la parálisis a las sanciones: la crisis que golpea a los Mi-17 del Ejército El caso de estas certificaciones se inserta en una crisis operativa y logística que afecta a la aviación del Ejército Nacional desde hace varios años con su flota de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa. Colombia adquirió 25 de estas aeronaves entre 1996 y 2007 para tareas de abastecimiento, evacuación médica y transporte de tropas en zonas de difícil acceso geográfico. Históricamente, los mantenimientos mayores y el suministro de repuestos de estos aparatos se realizaban directamente con las casas matrices estatales rusas. Ese esquema de sostenimiento se paralizó a partir de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, hecho que motivó sanciones económicas internacionales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), bloqueando los giros financieros hacia empresas rusas e impidiendo la importación legal de piezas aeronáuticas. Ante la imposibilidad de contratar con los fabricantes originales, el Ministerio de Defensa —en ese momento bajo el gobierno de Gustavo Petro— recurrió a contratistas privados internacionales como Vertol Systems Company para intentar rescatar la operatividad de los helicópteros. Esa alternativa derivó en nuevos tropiezos cuando la firma contratada incumplió los plazos de entrega y las especificaciones de calidad acordadas para las aeronaves militares. Por esas fallas, el Ministerio de Defensa declaró en noviembre de 2025 el incumplimiento contractual parcial, ordenó hacer efectiva la garantía de cumplimiento e impuso una sanción de aproximadamente USD9 millones a la compañía, además de exigir el reintegro de más de USD13 millones desembolsados como anticipo sobre el presupuesto original pactado. La parálisis de los mantenimientos redujo de forma sustancial la flota activa en el fuerte militar de Tolemaida, obligando a las Fuerzas Militares a limitar las operaciones aéreas y a reasignar misiones a otras aeronaves disponibles mientras la justicia determina responsabilidades penales en la cadena de contratación.