En medio de la polémica generada tras el otorgamiento de 54 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y en dos causas de derechos humanos -y por la cual la oposición alista una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat-, el subsecretario de la misma cartera, Luis Silva , salió esta noche a explicar la razón por la cual firmó algunos de estos documentos. A través de una declaración pública, Silva dijo entender la “indignación” que ha generado el beneficio a autores de “crímenes horribles”, pero afirmó que, junto al ministro Rabat, se vieron en la obligación de poner la rúbrica en los mencionados decretos. “Aclarar que ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, sostuvo la autoridad. Al respecto, aseguró que el procedimiento involucra a cuatro organismos diferentes: “Gendarmería de Chile; una comisión integrada por profesionales y jueces, y presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones; la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia, y el propio ministerio”. Y releva que cada uno de estos organismos, incluyendo la cartera de Justicia, deben actuar conforme a la ley. En este sentido, explicó que a su llegada a la cartera, junto al ministro Rabat rechazaron varias rebajas de condena. “Yo mismo firmé varias. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema, llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión . En algunos casos, y como lo señaló el ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación, desde la Corte Suprema, era que en el ministerio estábamos privando, ilegalmente, a una persona de su libertad. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”. Tras esto, aseguró que el mismo resultado se registró durante el gobierno de Gabriel Boric : “Cuando los ministros rechazaban las rebajas de condena, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión. Y es lo que los ministros hacían, firmando los decretos de rebaja de condena”, afirmó En este marco, aseguró que “desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. Y no había garantías, ni de que eran informadas, ni escuchadas. En esto, el Estado falló”. Agrega que, dada esta situación, el ministro Rabat decidió “ajustar el criterio jurídico” con el que se resolverían en adelante las rebajas de condena, y que él, como subsecretario de la cartera, debió adoptar el mismo criterio. “¿Por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia. Pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice" , indicó. Acciones del gobierno Tras esto, el subsecretario Silva afirmó que el gobierno se encuentra trabajando por las víctimas de estos delitos. “En primer lugar, hemos suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena que han llegado a este ministerio. En segundo lugar, estamos estudiando si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas. Y en tercer lugar, estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo así”, destacó la autoridad. Agregó que “esto contempla el derecho de la víctima y su familia a ser informada y escuchada. Esto es lo que se está tramitando en el Congreso”. Finalizó señalando: “Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar. Y en eso estamos trabajando, sin descanso”.
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