Valencia remite a Fiscalía Centro Norte antecedentes de denuncia contra ministro Rabat y subsecretario Silva

El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte los antecedentes de la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello del Partido Comunista (PC) y Juan Santana del Partido Socialista (PS), en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat , y del subsecretario de Justicia, Luis Silva , por un presunto delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 228 del Código Penal. Los legisladores de oposición apuntan a la actuación de ambas autoridades por los decretos que permitieron que cerca de medio centenar de condenados por delitos sexuales contra menores quedaran en libertad. De acuerdo a un comunicado difundido este viernes por el ente persecutor, el documento oficial, dirigido al fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, da cuenta de la remisión de los antecedentes conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para su conocimiento y los fines procesales que correspondan. En el oficio, el fiscal Valencia solicita que, “en caso de instruirse una investigación penal o incorporarse los antecedentes a una causa vigente, se informe dentro del plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y el fiscal a cargo”. “Asimismo, solicita informar si se determina no iniciar una indagatoria”, precisa el comunicado del Ministerio Público. En esa línea se precisa que “la remisión de los antecedentes no implica, por sí sola, la apertura de una investigación penal, la formalización de cargos ni la acreditación de responsabilidad de las autoridades denunciadas”. La denuncia El lunes 26 de octubre cuello y Santana llegaron a la Fiscalía Nacional para presentar la denuncia, tras conocerse que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a lo informado por el gobierno, la mayoría de los beneficiados quedó en libertad. Según los diputados, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Cuello sostuvo que el ministro de Justicia “no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas”. “Lo que sí estaba obligado a hacer según la ley, expresamente, era negarles el beneficio ”, afirmó. Por su parte, el diputado Juan Santana explicó que la acción presentada apunta a una “prevaricación administrativa, que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad”.