Rabat, Silva, Mira y Cuevas: las autoridades de Justicia que firmaron los cuestionados decretos para rebajar condenas

Casi una semana ha pasado desde que el ministro de Justicia Fernando Rabat , ha estado en el centro de la polémica por haber cambiado el criterio de su cartera para conceder la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad. Si bien los dardos apuntan directamente hacia Rabat, a medida que avanzan los días la izquierda ha ido ampliando el abanico de cuestionamientos. La razón se debe a que la información de los reos que han recibido este beneficio por parte de Justicia ha ido cayendo por goteo y solo en función de información revelada por la prensa ya que el gobierno no ha entregado toda la información. Ha sido justamente ese factor el que hizo que la izquierda ponga en la mira a todas las autoridades que pusieron sus firmas autorizando el cuestionado beneficio penitenciario. Eso explica el ultimátum de la izquierda el lunes, cuando dio 48 horas al Presidente para que le pidiera la renuncia a Rabat y al subsecretario de Justicia Luis Silva (Republicano). Sin embargo, de acuerdo a una publicación de Radio Biobío, 33 de los decretos fueron visados no sólo por Rabat, sino que también gran parte de ellos también fueron firmados por el subsecretario Silva. Solo uno -y por un fallo que obligó al ministerio- lleva la firma del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN). Además de eso, según dio cuenta Interferencia, también hay actos administrativos que llevan la firma del jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas (Republicano). Las cuestionadas firmas De los 33 decretos dados a conocer por Radio Biobío, 22 de ellos tienen la firma del ministro Rabat, diez casos se visaron por Silva y uno por Mira. Los casos firmados por Cuevas ascienden a tres. La explicación apunta al orden de subrogancia . Dicha cadena establece que deben ser firmados por Rabat, pero cuando el ministro está ausente, lo subroga Silva. Si ninguno de los dos está, entra Mira. La aparición de Cuevas se explica porque el abogado durante varios meses era quien subrogaba a Silva. Los 22 decretos firmados por Rabat son hombres condenados por delitos de connotación sexual, entre los que se encuentran Luis Caamaño , imputado condenado a más de 22 años de cárcel por los delitos de estupro, abuso sexual y violación reiterada. Así como también otros imputados como Germán Leas, condenado a 20 años por violación y abuso sexual y quien recibió una rebaja de 36 meses en su condena. El resto de los reos cuya pena fue reducida por los decretos firmados por Rabat, se encuentran casos cuyas condenas van desde los cinco años de cárcel y hasta los 22 años. De los diez casos firmados por Silva, el que mayor pena tenía era Juan Aceval , condenado a más de 12 años de cárcel por abuso sexual de un menor de edad y quien recibió una rebaja en su condena de 27 meses. El de menor condena que figura en ese listado es Juan José Soto , quien fue condenado a 541 días por abuso sexual y que recibió una disminución de tres meses de su pena. El único caso, que hasta ahora se conoce, que fue firmado por Mira, corresponde al de Gabriel Reyes , un hombre condenado a 15 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual de un menor de 14 años. En ese caso, la disminución ascendió a 30 meses. La firma de Mira solo se explica porque hubo un fallo -iniciado por un amparo ventilado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso- en que se obligó al ministerio a otorgarlo , pese el rechazo previo que había decidido Justicia. Los decretos que llevan la rúbrica de Cuevas no ha sido posible identificar a los beneficiados. Si bien el corazón de la crisis apunta a un cambio de criterio de Rabat, en el gobierno defienden que la decisión fue producto de sentencias previas de la Corte Suprema. Una buena parte de los beneficiados, según comentan desde Justicia, cuando pasaron por las comisiones de rebaja de condena recibieron un portazo en dicha instancia, es decir, antes de llegar a la cartera de Rabat. Al ser rechazados por la comisión, los internos recurrieron y las cortes fallaron que debía corregirse ese rechazo inicial, considerando la irretroactividad de la ley. Eso, a ojos del Ejecutivo, es prueba del hecho de que los decretos firmados posteriormente por las autoridades de Justicia solo responde a decisiones judiciales que ya habían acogido recursos de amparo. En otras palabras, para el gobierno fueron las cortes las que, tras acoger los amparos, ordenaron revisar o restituir el acceso a rebajas de condena que previamente habían sido rechazadas por las comisiones especializadas. Siguiendo esa línea, los decretos posteriores de Justicia lo que hicieron fue considerar esas resoluciones judiciales emitidas previamente.