Se indaga compra de $700 mil en droga: imputados por el secuestro con homicidio de joven queda en prisión preventiva

La Fiscalía ECOH sigue haciendo diligencias para esclarecer el secuestro con homicidio de Martín Pérez (19), el joven que fue hallado sin vida en un sitio eriazo de Colina la semana pasada. El rapto se habría producido a inicios de la semana pasada, en circunstancias que, como una de las primeras hipótesis, el joven podría haber ido a comprar drogas a un punto de Estación Central, cerca del sector conocido como Pequeña Caracas. De ahí, según los investigadores, Pérez habría sido llevado hasta un inmueble abandonado ubicado en Quinta Normal. Desde ese lugar, presuntamente, los secuestradores habrían grabado videos que enviaron a la familia pidiendo una cifra cercana a los $ 50 millones. Hasta el momento no está claro si hubo algún antecedente de Pérez o su familia que motivara a los secuestradores para llevar adelante el secuestro. Sin embargo, según señalaron los propios investigadores, los delincuentes siguieron negociando con la familia el pago por su liberación en circunstancias de que ya le habían dado muerte. Finalmente, su cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo en Colina. Estaba semioculto en un canal de regadío del sector. El fiscal ECOH Pablo Sabaj dijo que el cuerpo fue hallado “en el exterior de un restaurante en Colina, que estaba en un pasillo muy estrecho con muchos escombros y el cuerpo de la víctima estaba en ese lugar. A pesar de que estaba funcionando el local, no se percataron que había una persona fallecida, ahí lo encontramos. Pero no corresponde a un lugar de cautiverio”. Una de las hipótesis que maneja el OS9 de Carabineros respecto a por qué le dieron muerte está relacionada a que el joven intentó escapar. Esto se produjo luego de que la víctima participara de una transacción de droga por $700 mil. En esa operación sus captores lo pillaron, pero el joven luego escapó, fue atropellado y luego habría recibido impactos balísticos que le dieron muerte. Antecedentes del joven y del padre Un antecedente que tienen a la vista los investigadores es el historial delictual que tenían la víctima y su padre. Pérez había sido detenido el 7 de marzo de 2024 por el delito de receptación de vehículo motorizado cuando tenía 16 años. Fue fiscalizado en Puente Alto mientras conducía una motocicleta que mantenía un encargo vigente por robo con violencia. Luego, el 15 de diciembre de 2024 fue detenido por robo con intimidación ocurrido en Alto Jahuel, comuna de Buin, cometido por un grupo de cuatro sujetos. Tras advertir la presencia policial, los involucrados huyeron en un vehículo, continuando posteriormente la fuga a pie luego de perder el control del automóvil. Durante el procedimiento se efectuaron disparos contra Carabineros desde el grupo. Su padre, Pablo Pérez , de 39 años, cuenta con varias detenciones. En 2008, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; 2011, por robo de vehículo motorizado; 2018, por robo con intimidación; 2022, por tráfico ilícito de drogas, y 2026, en un procedimiento por conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Igualmente, tiene denuncias por apropiación indebida y violencia intrafamiliar. En esos datos, a ojos del Ministerio Público y Carabineros, puede haber alguna pista de por qué los secuestradores lo eligieron al joven de 19 años para secuestrarlo. La prisión preventiva Hasta ahora, cuatro sujetos, uno el viernes 30 de octubre y tres el lunes, han sido formalizados por el secuestro y todos quedaron en prisión preventiva. Todos los imputados, hasta el momento, son de nacionalidad venezolana. La audiencia se llevó a puertas cerradas y el fiscal Jonathan Coloma señaló que los antecedentes del caso son reservados. “Las circunstancias precisas de la investigación aún no se pueden dar a conocer. De hecho, hoy (lunes) se decretó la reserva por parte del tribunal de la presente causa, ya que existen diligencias útiles y pertinentes que se están desarrollando por parte de las policías”, dijo el fiscal. El persecutor no quiso referirse a si la familia alcanzó a pagar algún monto por el secuestro. Luego agregó que se encuentra pendiente el informe del Servicio Médico Legal respecto a la data de muerte del joven. El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 120 días de investigación.