El error de Rabat

En su alocución del pasado lunes 26, el Presidente se dirigió a las víctimas de los beneficiados por las rebajas de pena, firmadas por el ministro Rabat. Les dijo que “el Estado les falló”, anunció que su gobierno iba a asumir una responsabilidad “más allá del Ejecutivo” y que, entre dos caminos, optaba por el más difícil: encomendarle a Rabat la corrección del error. No quedó claro, sin embargo, si el mentado error fue causado por otros o es de esos que la jerga deportiva denomina “no forzados”. Rabat ha sostenido que actuó conforme a la jurisprudencia, Kast atribuyó el error a un ente abstracto –el Estado– y el vocero sugirió que había una operación político-comunicacional de la oposición. El Presidente no aclaró tampoco si el encargo hecho a su ministro era una penitencia o un resarcimiento simbólico para las víctimas, ni precisó qué tipo de error fue (¿político, moral o jurídico?) y por qué se cometió (¿por impericia?, ¿por exceso de celo profesional?) La tesis del gobierno es particularmente cantinflesca. Unge a quien encendió la mecha de un incendio como bombero institucional; y si bien admite un error de cálculo –al no dimensionar el impacto de la medida y dejar a las víctimas fuera de la ecuación–, pregona que su conducta ministerial y su juicio jurídico fueron impecables. Todo esto chirría. No tanto debido a la doctrina de Rabat sobre el régimen jurídico aplicable a los beneficios penitenciarios (cuestión espinosa, sobre la que hay debate), sino por cómo él parece comprender su rol al frente del Ministerio de Justicia. El objeto de los ministerios de justicia, en el mundo, es administrar el sistema de justicia y asegurar su acceso a la ciudadanía, mediante políticas públicas y servicios específicos (en Chile, se agregan dos funciones: la protección y promoción de los derechos humanos y un rol en materia de reinserción social). Hoy en día, el acceso a la justicia es concebido como el imperio del derecho y de la razón, y como un derecho fundamental a una justicia eficiente y eficaz, capaz de llegar a las poblaciones vulnerables. Un sistema de justicia ideal es, entonces, más que procedimientos y órganos que ofrecen un cauce y cierre institucional, casi litúrgico –el juicio y la sentencia– a controversias, evitando la fuerza privada. Es un engranaje complejo, donde se equilibran distintos valores y objetivos. Este cambio es relevante. Aunque el proceso sea una herramienta controversial, desde el punto de vista de la Administración del Estado, ahí no se enfrentan solo litigantes, también las múltiples caras y tensiones de la experiencia jurídica democrática. Por eso, un ministro de Justicia no puede aproximarse a los juicios que lleva su cartera como si fuera un litigante que defiende a un cliente cualquiera. Para un ministro de Justicia la sentencia es autoritativa y con valor de cosa juzgada, pero no es una verdad revelada. Para un ministro de Justicia la racionalidad procesal no consiste solo en ganar o perder, sino en proveer un escenario para la evolución y perfeccionamiento del sistema de justicia. Por Yanira Zúñiga , profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile