Confianza pública en las instituciones

La crisis de las AFP tras las pérdidas de su fondo E, vuelve a hacer evidente la relevancia y fragilidad de la confianza pública en las instituciones. Pasa que, actuar fuera de la ley -algo que no es evidente en este caso- mermará la fe de la que son objeto, pero hacerlo dentro del marco legal, lo que las AFP se esmerarán en demostrar, no es suficiente para reclamar la impecabilidad de la actuación, algo que la polémica por rebajas de penas asociadas a delitos sexuales autorizadas por el Ministerio de Justicia, también nos enseña. La confianza pública depende más de las cualidades de las instituciones que de sus estatutos. Por eso, la idea de que su reparación depende sólo de sancionar a quien pudiera merecerlo, probará su ineficacia, algo que tanto el gobierno como la industria, deben tener en perspectiva. El caso es especialmente delicado porque erosiona los cimientos de la confianza pública en un modelo que, en su origen, descansó en la expectativa de una pensión cercana a las últimas remuneraciones. Luego se hizo evidente la incidencia de variables que las AFP no controlaban, (lagunas laborales, longevidad), y llegaron los embates de No + AFP y la convención constitucional. “Con Mi Plata No” se constituyó una bandera de la propiedad individual, lo que tuvo su demostración más nítida en la eficiencia con que las administradoras gestionaron los retiros. Hoy la confianza pública en el sistema se sostiene en la evidencia de la propiedad de los fondos por parte de las personas, y en su demostrada capacidad de producir rentabilidad según los riesgos que se quieren o pueden asumir. Este último pilar es el que se ha trizado, porque el fondo E, el fondo seguro, ha devenido en riesgoso. Así, las AFP no debieran descansar en la legalidad de su actuación ni en explicaciones poco accesibles, como que una mala noticia para los ahorros puede ser buena para la pensión. El Estado tampoco debiera limitarse a un rol justiciero que desconozca la urgencia de reparar la confianza en un sistema que fue recientemente reformado, conservándolo en lo esencial. El filósofo francés Pierre Rosanvallon señala la confianza como una institución invisible, sostenida no tanto por estatutos como por la calidad de la relación entre personas y organizaciones. La evidencia muestra que la pérdida de confianza no produce únicamente un daño reputacional, también alimenta la demanda política de mayor regulación. Si una industria no demuestra capacidad de corregirse, otros terminarán imponiéndole esa corrección (Aghion), un riesgo que el atrincheramiento legalista podría precipitar, agregando incertidumbre al despliegue de la reforma de pensiones. Más allá de lo legal, las AFP y el Estado deben abordar esta crisis reconociendo la cuota de imprudencia que quepa a cada uno, buscando una reparación sostenible y corrigiendo la regulación y los procesos internos, como señal de resiliencia y sentido de propósito, base para empezar el lento proceso de reparar la confianza pública. Por Rafael Sousa , socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP