El zapato chino del Ministerio de Justicia para revocar los decretos de reducción de condenas

“Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando, que es revocar el acto administrativo respectivo”. Las palabras son del ministro de Justicia Fernando Rabat y las comentó el domingo, en medio de la crisis que enfrenta por haber cambiado el criterio de su cartera y para dar luz verde a los decretos que reducen condenas de reos que cumplen penas por delitos sexuales contra menores de edad. Su decisión abrió una tormenta política que salpicó a La Moneda y de la que, hasta ahora, no ha podido salir. De hecho Rabat ha enfrentado el asunto haciéndose responsable personalmente de su decisión. Esto debido a que el criterio fue suyo, no de su equipo de asesores y según él mismo lo ha explicado, lo hizo sin avisarle a La Moneda, dado que se trata un asunto administrativo interno de su cartera. El problema es que la crisis política no ha cesado y por lo mismo el gobierno necesita dar más señales. No ha sido suficiente reconocer la impertinencia política del cambio de criterio ni tampoco la agenda legislativa inmediata anunciada en el corto plazo para enmendar el tema. Por eso es que desde el domingo Rabat junto a sus asesores han estado dando vueltas sobre una compleja decisión: revocar los decretos con los que Justicia dio curso a las rebajas de condenas. La decisión es jurídicamente compleja, de futuro incierto, pero al menos en el Ejecutivo reconocen que podría servir para atacar la crisis desde el plano político y comunicacional. Para revocar, el gobierno está mirando la letra A del artículo 61 de la Ley 19.880 . Dicha norma establece que los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, pero esa posibilidad no puede proceder respecto de “ actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente ”. Ese es justamente el escenario que enfrenta Rabat ya que los reos, en una buena cantidad de casos, ya salieron de la cárcel y recuperaron su libertad luego de haber cumplido sus penas. De hecho tal como lo ha declarado la Corte Suprema, la reducción de penas es un beneficio penitenciario, que se rige por las reglas del Derecho Público, que solo constituye una “mera expectativa”. El problema es que luego de obtener sus rebajas de pena ante el ministro de Justicia, siguiendo el proceso ordinario, esa expectativa se transformó en un derecho adquirido. Algo que a su vez toca un tema especialmente sensible: la libertad personal . Rabat sabe que es un camino complejo, pero que podría justificarse a la luz de fundamentaciones de mérito, oportunidad y conveniencia. Lo complejo es que respecto de condenados que ya salieron de las cárceles, la revocación implicará que el tribunal penal sea notificado de esta nueva situación y, si accede, despache órdenes de detención contra los involucrados para reingresarlos a sus respectivos centros penitenciarios. La posibilidad revive, por ejemplo, la decisión del gobierno pasado del expresidente Boric cuando decretó pensiones de gracia y luego, tras una nueva revisión -y por el debate público generado- avanzó a la revocación de alguna de ellas. En caso de que el gobierno decida tomar el riesgo, están conscientes que el asunto se volverá litigioso ya que todos los beneficiados recurrirán a la corte de apelaciones respectiva o en su defecto a la Contraloría . En caso de que opten por la segunda opción, esto se traducirá en nuevos recursos de amparo . Sin embargo, el asunto saldrá de las manos del Ejecutivo y quedará en la cancha de las cortes, las que deberán decidir si procede o no la revocación. Otra opción menos probable es avanzar hacia la invalidación de los decretos que firmó Rabat. Lo complejo de esta alternativa es que implicaría reconocer que hubo “ actos contrarios a Derecho ”. Además este camino exige, según la ley, tener una audiencia previa con el involucrado.