Incertidumbre por Ley IA: indicación del gobierno lleva meses lista, pero aún no llega al Congreso y tensiona a Lincolao

La discusión sobre cómo regular la inteligencia artificial en Chile enfrenta una nueva jornada decisiva, aunque con una incertidumbre que se arrastra desde hace meses. Este lunes la Comisión Desafíos del Futuro del Senado retomará la tramitación del proyecto de ley que regula los sistemas de IA, con el objetivo de proceder a su votación en general. Sin embargo, lo hará sin que el Ejecutivo haya ingresado formalmente la indicación sustitutiva que promete cambiar buena parte del contenido de la iniciativa. Eso al menos no había ocurrido hasta el cierre de esta nota. A la sesión, que se desarrollará en el ex Congreso Nacional, está invitada la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, cuya cartera ha encabezado la elaboración de una propuesta que busca modificar el enfoque regulatorio que inspiró el proyecto original. El problema es que, pese a que el documento está terminado desde hace meses, todavía no existe una fecha conocida para su ingreso al Congreso. Según fuentes conocedoras de esta situación, la indicación sustitutiva ya se encuentra preparada, pero su presentación permanece pendiente de las gestiones de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), organismo encargado de coordinar la agenda legislativa del gobierno. La demora ha comenzado a generar inquietud en torno a los tiempos de tramitación de una iniciativa que ingresó al Congreso en abril de 2023 y que actualmente cursa su segundo trámite constitucional. A ello se suma otra señal que no ha pasado inadvertida, ya que el 1 de septiembre el Ejecutivo modificó la urgencia del proyecto a simple, reduciendo la presión legislativa sobre una normativa que el propio gobierno ha identificado como relevante para el desarrollo tecnológico del país. La sesión de este lunes adquiere especial relevancia porque los senadores deberán pronunciarse en general sobre un proyecto cuyo contenido podría experimentar modificaciones profundas una vez que el Ejecutivo formalice su propuesta. En paralelo, el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, senador Rojo Edwards, prepara su propia propuesta en la materia, la cual sería presentada de manera independiente a las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Ciencia. La situación también abre interrogantes sobre los tiempos que requerirá alcanzar acuerdos en torno a una legislación que ha despertado posiciones diversas entre el mundo tecnológico, académico y empresarial. El giro regulatorio La indicación sustitutiva preparada por el Ministerio de Ciencia representa un cambio sustantivo respecto de la filosofía que inspiró el proyecto original. La iniciativa presentada en 2023 recogía elementos del modelo europeo, especialmente la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en cuatro categorías de riesgo, con prohibiciones para determinados usos y obligaciones específicas para aquellos considerados de alto impacto. Sin embargo, la propuesta que impulsa Lincolao busca abandonar esa clasificación rígida y avanzar hacia una regulación proporcional al contexto y al impacto efectivo de cada tecnología. El argumento del ministerio es que una regulación excesivamente prescriptiva podría terminar imponiendo barreras a la innovación, especialmente en un país que todavía enfrenta brechas importantes en infraestructura tecnológica, capacidad de cómputo y desarrollo de modelos avanzados. Esto último fue respaldado por los recientes resultados del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026) . En su presentación preliminar ante el Senado hace unos meses, la secretaria de Estado sostuvo que el liderazgo tecnológico no se consigue únicamente mediante normas, sino que requiere infraestructura, talento, datos, capacidad computacional y certeza jurídica. Bajo ese criterio, la nueva propuesta contemplaría estándares técnicos actualizables, mecanismos voluntarios de certificación y auditoría, además de la eliminación de sanciones específicas por inteligencia artificial, privilegiando la aplicación de las normas ya existentes en materias como protección de datos personales, ciberseguridad, consumo y propiedad intelectual. Otro de los ejes centrales serían los denominados sandboxes regulatorios, espacios controlados que permitirían desarrollar, entrenar y probar sistemas de inteligencia artificial bajo acompañamiento de las autoridades y, en determinados casos, con flexibilizaciones regulatorias temporales. La propuesta también considera zonas de innovación tecnológica y geográfica, acceso compartido a infraestructura computacional y espacios de experimentación para establecimientos escolares e instituciones de educación superior. Sin embargo, el cambio de enfoque tampoco está exento de cuestionamientos. Entre las advertencias planteadas por especialistas figura la posibilidad de que estos mecanismos terminen favoreciendo principalmente a las grandes empresas, debido a los costos que implica participar en ellos. Más allá de las diferencias respecto del contenido de la futura ley, la principal preocupación inmediata apunta al calendario legislativo. Mientras el proyecto continúa avanzando en el Senado, la indicación sustitutiva que debería redefinir sus principales disposiciones sigue fuera de la discusión formal. La votación de este lunes en la comisión del Senado podría constituir un nuevo avance en la tramitación general de la iniciativa, pero no resolverá por sí sola las interrogantes sobre el contenido definitivo de la regulación.