Diputado Romero cuestiona presiones para remover a Rabat: “Pedir la salida de un ministro no soluciona los problemas”

El diputado republicano Agustín Romero lanzó una advertencia a sus aliados de gobierno ante la posibilidad de que respalden la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat , asegurando que una decisión de ese tipo podría provocar una fractura en el oficialismo e incluso dificultar futuras alianzas electorales. En entrevista con Mesa Central en T13 , el parlamentario cuestionó los llamados a solicitar la salida del secretario de Estado a raíz de las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales, y sostuvo que, en momentos de crisis, los partidos que forman parte del Ejecutivo deben respaldar las decisiones del Presidente de la República, José Antonio Kast. En ese sentido, afirmó que “pedir la salida de un ministro no soluciona los problemas” y planteó que lo que corresponde es que las colectividades oficialistas se alineen con el gobierno. Consultado sobre las acusaciones de la UDI respecto de una supuesta actitud de superioridad moral por parte de Republicanos, Romero descartó que su colectividad busque marginar al gremialismo del Ejecutivo. “ No hay ninguna superioridad moral en hacer lo correcto ”, sostuvo, agregando que “ este es nuestro gobierno y tenemos que apoyarlo, eso estamos pidiendo, lealtad en ese sentido ”. Sin embargo, advirtió que un eventual respaldo de parlamentarios oficialistas a la acusación constitucional contra Rabat tendría consecuencias en las relaciones políticas entre ambas colectividades. “Evidentemente que produce una fractura muy importante”, señaló, añadiendo que “a mí no me pueden pedir después que haga, por ejemplo, una campaña con gente que haya votado de esa manera”. En esa línea, el legislador vinculó las diferencias actuales con las dificultades para conformar una coalición política más amplia. “ Cuando se preguntan por qué no hacen coalición, por qué no van juntos en una lista, bueno, aquí está la respuesta ”, expresó, apuntando a que este tipo de controversias pone a prueba la posibilidad de construir un proyecto político común. Respecto de la continuidad del ministro de Justicia, Romero defendió la determinación del Presidente Kast de mantenerlo en el cargo, pese a reconocer que existieron errores en el manejo de la situación. A su juicio, la salida de Rabat no permitiría resolver el problema de fondo y solo contribuiría a trasladar la responsabilidad sin modificar el sistema que permite las rebajas de condenas. Asimismo, sostuvo que el Mandatario optó por asumir los costos políticos de la crisis para impulsar una solución definitiva. “ El capital político no es para guardarlo en el banco, es para usarlo, y usarlo en los momentos difíciles ”, afirmó, insistiendo en que el Ejecutivo debe trabajar para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Pese a su respaldo al secretario de Estado, el diputado reconoció que existen aspectos cuestionables en la actuación del Ministerio de Justicia. “ Esto no fue lo mejor que se hizo, para nada, existían caminos, existían otras alternativas ”, admitió. No obstante, descartó que los errores cometidos constituyan fundamentos suficientes para una acusación constitucional, diferenciando los eventuales reproches políticos de las responsabilidades jurídicas. Finalmente, Romero también salió en defensa del subsecretario de Justicia, Luis Silva, luego de que este explicara su participación en la firma de decretos de rebajas de condenas mientras subrogaba al ministro. El parlamentario sostuvo que el subsecretario actuó conforme al principio de continuidad del servicio público y que no le correspondía modificar unilateralmente los criterios establecidos por su superior. “El efecto que está señalando el subsecretario Silva es así, pero el que ha asumido la responsabilidad en estos temas es el ministro y el ministro está empeñado en corregirlo”, afirmó. Con todo, precisó que Silva mantiene responsabilidades legales por los documentos que firmó, aunque aseguró que la jurisprudencia contempla las particularidades de quienes ejercen funciones de subrogancia.