Fondos D y E: Rosanna Costa aclara las razones del BC para levantar alertas por alta exposición de AFP a derivados

Hasta el Congreso llegó esta semana la polémica por la caída en la rentabilidad registrada en los fondos de pensiones más conservadores de las AFP, particularmente en el Fondo E, que marcó una baja de 4,92% en septiembre, acumulando en el año un desplome de 10,39% en términos reales. Y si bien en lo que va de este mes ha ido recuperando algo de terreno, lo cierto es que el debate está lejos de terminar. Este lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para analizar el asunto, y además se aprobó constituir una comisión investigadora. Y este martes continuó la discusión en el Parlamento, con dos sesiones especiales, una en la sala del Senado, a la que acudió el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; y el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro. Y otra en la sala de la Cámara, donde además de todos los anteriores asistentes, se sumaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. La presidenta del instituto emisor comentó que “el Banco, en su rol de cautelar la estabilidad financiera, hace uso de los instrumentos y atribuciones que para ese fin dispone, y es en torno a ese fin que ha actuado y la participación que ha tenido en este proceso. ¿Qué significa cautelar por la estabilidad financiera? Significa que los mercados funcionen en forma adecuada y velar cuando se presentan vulnerabilidades o eventos que pudiesen alterar ese buen funcionamiento”. En lo que respecta al rol del BC del DL 3.500, Costa detalló que tiene atribuciones muy acotadas, y “en relación con los derivados, existen dos operaciones de derivados en el sistema: las que entregan cobertura de riesgos financieros, y otras, inversiones. El Banco Central sólo participa en la definición de los primeros, y establece un límite máximo de la parte no cubierta de la cartera de los fondos de pensiones. Así, el BC no participa en la regulación del uso de derivados para fines de inversión”, una función que corresponde a la Superintendencia de Pensiones. Luego, Costa comentó cuál fue “la comunicación que ha realizado el Banco a través del tiempo” sobre este tema, “siempre buscando y analizando la estabilidad financiera en los mercados. El Banco fue informando a los mercados y a las autoridades cuyas competencias se relacionan directamente con el ámbito del fondo de pensiones. En mayo de 2024, hace la primera mención a estas inversiones, cuando la cartera empezaba a realizarse principalmente con derivados de tasas en moneda local”. Luego, dijo que “en el segundo semestre de ese año, hace una segunda mención respecto a la evolución de estos derivados. Los fondos de pensiones siguieron aumentando las posiciones, prácticamente cuadruplicándolas entre mayo de 2024 y fines de 2025. En ese contexto, el Banco publica una nota técnica especial sobre transacciones de derivados de fondos de pensiones en mayo de 2025, destacando su creciente uso”. Posteriormente, explicó que “en el informe de 2025, vuelve a señalar explícitamente el riesgo que estas posiciones implicaban para la estabilidad financiera. Y volvimos a mencionarlos a principio del presente año, donde dimos a conocer nuestro análisis y lo complementamos con múltiples reuniones técnicas, comunicaciones con las autoridades pertinentes”. Luego Costa comentó lo que hubo tras las alertas que levantó el BC: “¿Cuál es el efecto que esta operación puede tener en los mercados financieros? Cuando se invierte en una tasa variable, si la tasa sube, se producen llamados a márgenes ( margin call ), es decir, obligaciones de compensar la diferencia entre la tasa fija y la tasa variable”. Costa explicó que ”esos llamados a márgenes requieren liquidez. Para obtener la liquidez, es necesaria la venta de instrumentos. Si se venden en el extranjero no se producen impactos en el mercado local. Si el aumento de la tasa es abrupto y de gran magnitud, puede ser necesaria la venta de instrumentos también en el mercado local. Y nuestro mercado local sí puede verse afectado, repito, frente a aumentos bruscos, significativos, en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo el BC y contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades para que, desde la obligación y rol y objetivo de cada una de ellas, y en función de sus propias herramientas, vieran los efectos que estas operaciones pudieran tener”. Quiroz, Rau y Cortez En la Cámara, Jorge Quiroz resaltó que, ”desde que asumió sus funciones, el superintendente ha contado con nuestro respaldo para ejercer plenamente sus atribuciones y hacer cumplir la ley. Este respaldo significa muy especialmente respetar su independencia técnica y asegurar que pueda actuar con rigor, sin presiones ni interferencias”. Además, enfatizó: “Dejemos que las instituciones funcionen, que la superintendencia haga su trabajo, que muestren los resultados a todos los chilenos, y que a partir de ahí se actúe en consecuencia”. El ministro Tomás Rau destacó que “es importante distinguir las pérdidas que pueden resultar de los riesgos propios de los mercados financieros de aquellos que pudieran ser consecuencia de actuaciones negligentes o contrarias a la legislación. Y esa es precisamente una de las cuestiones que debe esclarecer la investigación de la Superintendencia Pensiones”. Por su parte, Cortez en gran parte recordó la presentación que hizo este lunes ante los diputados, enseñando un gráfico que muestra que las AFP aumentaron la duración de su cartera del fondo E desde 10 años a fines de 2023, a 18 años entre abril y junio de este año. “La verdad que este aumento de duración tampoco tiene nada de malo, lo que tiene de malo es si efectivamente esa es la duración que le corresponde a los afiliados del fondo D y el fondo E, que es lo que se debe aclarar. Si esa duración era la necesaria o fue excesiva”, explicó en el Senado. En un gráfico, mostró cómo están distribuidos los afiliados activos y pensionados en los fondos D y E. En el caso de este último, el más conservador, “las personas tienen edades muy distintas en ese fondo, por lo cual es muy difícil saber exactamente cuál es la duración que necesitan esos afiliados. En cambio, el fondo D, que es el típico fondo de los afiliados, porque ahí van todas las personas mayores de cierta edad, están básicamente ubicados en cerca de los 65 años, por lo cual a ellos sí les debiera corresponder una duración, un plazo de los fondos de alrededor de 12 a 13 años”, puntualizó Cortez. Cortez constató que la superintendencia alertó a las AFP sobre los riesgos de una alta exposición a derivados desde 2024. Pero más allá de la baja en los fondos, dijo que “lo importante acá es qué pasa con las pensiones”. Recordó una columna “donde se preguntan cuánto de esta pérdida es realmente una pérdida de pensión, y explican que cuando suben las tasas ocurren dos cosas a la vez: cae el valor de los bonos, pero también disminuye el costo de comprar una pensión. Si ambos caen en proporción similar, quien se jubila asegura aproximadamente la misma pensión, aunque tenga menos dinero en su cuenta. Los derivados pueden ayudar a conseguir esa exposición, pero su expansión reciente fue más allá de lo necesario. Y termina diciendo: la renta vitalicia se compra en UF, pero buena parte de esa exposición adicional en derivados se realizó con tasas en dólares”. Cortez dijo que “el profesor Salvador Valdés está de acuerdo con esto y plantea que debiera separarse cuánto de esta duración fue una cobertura y cuánto fue una apuesta. Y eso es lo que hay que entender”. La defensa de las AFP El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, explicó que “la caída del 10,4% del Fondo E se contabilizó al 30 de septiembre. Sin embargo, el 1 de octubre se publicó una nueva tasa de cálculo de retiro programado. De esta manera, a modo de ejemplo, y teniendo en cuenta la recuperación del Fondo E al 25 de octubre, por cada $100 mil de pensión estimada en un hombre de 65 años que podía obtener en enero mediante retiro programado, en octubre recibiría $99.200, es decir, una disminución de $800. En el caso de una mujer de 60 años, al 25 de octubre, $100 mil de pensión estimada en retiro programado en enero, ese valor alcanzaría $100.100, es decir, un aumento de $100″. El presidente del gremio dijo que “estos ejemplos muestran por qué es importante mirar más allá la caída del valor del Fondo y cómo las inversiones de mayor duración pueden contribuir a proteger las pensiones. El escenario más preocupante sería que los ahorros perdieran valor y al mismo tiempo aumentara el costo de financiar una pensión. En ese caso, el pensionado enfrentaría doble efecto negativo. Precisamente, una duración adecuada de las inversiones busca reducir ese riesgo”.