Las víctimas al final de la fila

Chile arrastra una deuda profunda con su infancia más vulnerable. Entre 2019 y 2025, las víctimas de violencia sexual aumentaron un 46,4%, según la Defensoría de la Niñez. En 2025 se registraron 28.969 casos de abuso sexual y 5.058 de violación contra menores, mientras que 41.557 niños, niñas y adolescentes (NNA) esperaban atención en programas de protección especializada por vulneraciones de derechos en general. Esto evidencia la brecha entre las necesidades de protección y la respuesta oportuna del Estado. En ese contexto, la decisión del Ministerio de Justicia de conceder rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abre un debate sobre la aplicación de la normativa vigente y los mecanismos de protección de las víctimas. Según CADEM, un 77% desaprueba la gestión del titular de la cartera en este caso y un 75% expresa poca o ninguna confianza en la capacidad del Estado para proteger a NNA frente a los delitos sexuales. Para explicar los fundamentos jurídicos de su proceder, el ministro Fernando Rabat ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema y la irretroactividad de la ley 21.421 de 2022, que excluyó estas rebajas. No obstante, existen diferentes criterios de interpretación y aplicación de la normativa. CIPER constató que el gobierno anterior rechazó solicitudes de esta naturaleza y defendió ese enfoque en tribunales. En una muestra de 73 recursos de amparo de 2022 a 2025, la justicia ordenó conceder el beneficio en 68 casos y lo rechazó en cinco. Interferencia reveló, a su vez, que el propio Ministerio rechazó al menos cinco solicitudes entre marzo y mayo de 2026, dos con la firma de Rabat, antes de comenzar a concederlas. ¿Qué justificó el giro y por qué se optó por otorgar administrativamente las rebajas y no discutir cada caso en tribunales? La legalidad no exime a una autoridad de explicar sus decisiones y rendir cuentas. La prudencia para anticipar consecuencias y la empatía hacia las víctimas deben ser parte de la responsabilidad pública. Por eso importa que la Defensoría de la Niñez haya anunciado que pedirá antecedentes sobre el cambio de criterio y los resguardos para las víctimas, frente a una decisión que provoca sorpresa, temor e incertidumbre en ellas y sus familias. Ante toda la controversia, el gobierno ha anunciado la suspensión de nuevos trámites y el estudio de fórmulas jurídicas para revisar los decretos concedidos. En paralelo, la presidenta del Senado impulsa un proyecto transversal para eliminar la excepción que permite determinadas reducciones de condenas y reforzar la argumentación de las decisiones. Corregir la normativa es un paso necesario, pero la deuda con las víctimas no se salda solo con reformas. Proteger a la infancia exige prevenir con mayor eficacia la violencia, ofrecer respuestas oportunas, acompañar a quienes sufren abusos y vulneraciones de derechos y garantizar su reparación. La discusión de la Ley de Presupuestos es una oportunidad para demostrar que la protección de la niñez es una prioridad real. Por Alejandra Sepúlveda P. , gerenta Proyecto Integridad electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional